Cientos de organizaciones que integran la Coordinadora Popular Nacional, Foro Ciudadano y la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres manifestaron su respaldo al proyecto de Código Penal, presentado por el senador Antonio Taveras Guzmán, destacando su potencial para erradicar la impunidad y brindar mayor protección a las familias dominicanas. 2q4c1n
El proyecto recoge las demandas y preocupaciones expresadas por la ciudadanía en las vistas públicas organizadas por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional en 2024. Según los defensores de la iniciativa, este proyecto constituye un avance significativo respecto a propuestas anteriores, respondiendo a la necesidad de una justicia más moderna, inclusiva y eficaz.
UN CÓDIGO PENAL MODERNO Y JUSTO.-
“Este Código Penal recoge lo mejor de propuestas previas y rectifica retrocesos inaceptables. Es un texto justo, actualizado y que coloca los derechos de las personas en el centro, respondiendo a los desafíos del siglo XXI”, afirmaron los representantes de las organizaciones en un acto público realizado para la entrega del apoyo institucional.
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Entre las reformas clave que incluye el proyecto, destacan la tipificación de delitos contemporáneos como el fraude digital, el ciberacoso y los crímenes ambientales. Además, establece medidas estrictas contra la corrupción, el lavado de activos, la trata de personas y el crimen organizado, mientras elimina los privilegios del uso de tribunales militares para casos de delitos comunes.
NUEVAS INICIATIVAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL.-
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de la responsabilidad penal para las empresas que no implementen medidas adecuadas para prevenir delitos dentro de sus operaciones. Asimismo, contempla sanciones económicas severas en casos de estafa y corrupción, incluyendo la obligación de devolver los bienes obtenidos ilícitamente.
DERECHOS DE LAS MUJERES Y NUEVAS EXCEPCIONES EN ABORTO.-
El proyecto también incorpora tres excepciones al delito de aborto, permitiendo su realización en situaciones específicas: cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto, y en casos de malformación fetal incompatible con la vida. Este enfoque reconoce el derecho de las mujeres a decidir en circunstancias extremas.
