El Ministerio de Defensa se negó a responder preguntas realizadas por N Digital relacionadas con el número de militares sometidos por ante la Justicia en los últimos diez años, por presunta vinculación con redes o casos de tráfico de inmigrantes. 181u25
Pese a haber transcurrido más de 25 días laborables desde la solicitud, plazo máximo establecido por la Ley 200-04, sobre Libre a la Información Pública, la institución respondió con un documento de 14 páginas en el que expone una serie de considerandos para justificar su negativa a entregar los datos requeridos.
Entre los argumentos presentados, el Ministerio de Defensa calificó la información como confidencial, alegando que solo puede ser conocida por los titulares del órgano castrense.
Asimismo, indicó que los archivos de datos creados por las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad no están sujetos al régimen de transparencia contemplado en la ley citada.
El requerimiento de este medio incluía preguntas puntuales sobre la cantidad de militares sometidos a la justicia por tráfico de migrantes en la última década, cuántos fueron desvinculados o expulsados de forma definitiva, si alguno de los casos ha derivado en condenas judiciales firmes, qué rangos militares tenían los implicados, cuáles han sido las zonas de mayor incidencia y si los casos se han concentrado únicamente en la franja fronteriza con Haití o también en otras provincias.
En lugar de responder las cuestionantes, el Ministerio citó la Sentencia TC/0512/16 del Tribunal Constitucional, la cual establece límites al derecho de a la información cuando se trata de datos sensibles. Sin embargo, también reconoce que cualquier restricción debe estar legalmente fundamentada y claramente definida.
Como única información enviada, el Ministerio compartió la cantidad de militares cancelados en el último año, dato que ya había sido publicado previamente por este medio y que no responde al núcleo de la solicitud realizada.
En ningún momento N Digital solicitó información personal, nombres ni números de cédula de los militares implicados. La solicitud se limitó a cifras y datos generales, tal como los proporcionados por el mismo Ministerio al enviar el número de cancelaciones registradas en el último año. Por tanto, del mismo modo en que ofrecieron esa estadística general, también podrían haber suministrado cuántos de esos militares fueron desvinculados específicamente por su implicación en casos de tráfico de migrantes, sin comprometer datos sensibles.
