Santo Domingo.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, valoró la Tercera feria artesanal y de producción del Sistema Penitenciario, como una muestra del esfuerzo de los privados de libertad y de las actividades que contribuyen al proceso de reinserción social. 4r6u1c
“Nosotros creemos firmemente en la reinserción como una medida que es un derecho de cada privado de libertad”, indicó Reynoso, durante un breve recorrido por la feria, abierta a todo el público frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, de Santo Domingo.
Reynoso, que fue recibida por el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, observó los diferentes productos artesanales hechos en madera, telas y metales, como muebles, juegos de comedor, bisuterías, calzados y carteras, elaborados por internos de distintos centros de corrección y rehabilitación del país.
En la feria también se realizó la presentación artística de un grupo de baile de compuesto por internas del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
De su lado, Hernández Basilio, definió la feria como una representación de las personas privadas de libertad que, a través de la elaboración de artesanías y productos, desde muebles, textiles y productos comestibles, trabajan para su reinserción y reconexión con la sociedad. “Es la expresión y la conexión con la sociedad de los internos”, añadió Hernández Basilio.
En la feria participaron delegaciones de los centros de corrección de distintas provincias, incluyendo los CCR de Anamuya (Higüey), Cucama (La Romana), San Pedro de Macorís, Baní Mujeres (Peravia), Najayo Mujeres (San Cristóbal), Vista al Valle (San Francisco de Macorís), La Isleta (Moca) y Rafey Hombres (Santiago).
En la exposición, los privados de libertad dan a conocer las capacidades adquiridas a través de cursos y talleres técnicos impartidos por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La iniciativa se enmarca en el cumplimiento de la Ley 113-21, que rige el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana, y que garantiza el derecho de las personas privadas de libertad a participar en actividades laborales útiles y remuneradas como parte de su proceso de reintegración a la sociedad.
