Jueces y fiscales de toda España realizaron este miércoles un paro simbólico de 10 minutos frente a las sedes judiciales del país, como muestra de rechazo a las reformas legales impulsadas por el Gobierno en materia de Justicia. La movilización fue convocada por cinco de las siete asociaciones profesionales de magistrados y fiscales. 3l2u2n
En un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron que la independencia judicial “está bajo amenaza” con las modificaciones legislativas propuestas. Asimismo, criticaron el entorno en el que se está tramitando la reforma, que calificaron como un “ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía”.
Entre las asociaciones convocantes figuran la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Según expusieron, las reformas “van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder”. Durante la lectura del manifiesto, también advirtieron que estas medidas afectan la confianza de la ciudadanía en la Justicia.
Uno de los escenarios de la protesta fue la sede de la Fiscalía General del Estado, en medio de la controversia generada por la propuesta de enjuiciamiento del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Allí, el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, leyó el comunicado en el que se remarcó que una “Fiscalía imparcial y autónoma” es un derecho ciudadano esencial para preservar la salud democrática del país.
El paro fue respaldado también por de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y del Sindicato Unificado de Policía, así como por decenas de ciudadanos que se concentraron en puntos clave como los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, coreando consignas a favor de la independencia judicial.
En su comunicado, las asociaciones convocantes no descartaron intensificar las medidas de presión, mencionando expresamente la posibilidad de convocar una huelga si no se atienden sus demandas.
