El general retirado de la Policía Nacional William Durán Jerez se entregó voluntariamente a la istración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en relación con una acusación por narcotráfico y lavado de activos en la que también está implicado el regidor Edickson Herrera Silvestre. 4y3fk
Fuentes confirmaron que Durán Jerez abordó un avión privado enviado por la DEA, quedando de inmediato bajo custodia de agentes federales. En la misma aeronave viajaban otras dos personas, cuyas identidades aún no han sido reveladas.
Durán Jerez fue separado de la Policía Nacional en 2009, mediante el Decreto 161-09, firmado por el entonces presidente Leonel Fernández, bajo el alegato de “antigüedad en el servicio”. Durante su carrera ocupó funciones clave, como la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE) y la Dirección de Seguridad Preventiva.
El Día confirmó que el traslado del exoficial se produjo en un vuelo privado desde territorio dominicano hacia Estados Unidos, donde quedó bajo custodia federal junto a otros dos acompañantes.
A mediados de mayo de 2025, también se entregó a las autoridades estadounidenses Edickson Herrera Silvestre, conocido como “Yeyea”, regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Su traslado se realizó mediante un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas hacia la ciudad de Miami.
Herrera fue requerido en extradición por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, bajo el caso número 25-CR-20095-BLOOM/ELFENBEIN, fechado el 5 de marzo de 2025.
Presunta red de narcotráfico internacional 1t4hv
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tanto Durán Jerez como Herrera están vinculados a una presunta red de narcotráfico que operó entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, con operaciones en Miami, República Dominicana y otras jurisdicciones.
El expediente judicial indica que ambos habrían participado en una conspiración para traficar drogas a gran escala. De ser hallados culpables, enfrentan penas mínimas de 10 años de prisión y podrían ser condenados hasta cadena perpetua, además de enfrentar multas de hasta 10 millones de dólares, en función del volumen de sustancias incautadas.
La acusación formal incluye cargos por conspiración para importar sustancias controladas, distribución con intención de importación ilegal, tentativa y conspiración para distribuir drogas, posesión con intención de distribuir, decomiso criminal, e importación y exportación de químicos regulados.
