Los denunciantes desconocen las razones por las que el CEA no ha dado curso al referido decreto, emitido por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en fecha 10 de marzo del año 2025, sin embargo, el no cumplimiento del mismo, está generando situaciones de usurpación y ocupación ilegal del terreno, lo que hace presumir algún tipo de componenda entre el invasor y las autoridades llamadas a resolver el problema.
“Otorgo Poder Especial al director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para que a nombre y en representación del Estado Dominicano… suscriba los contratos mediante los cuales vende, cede y transfiere las porciones de terrenos que se describen en favor de… Juan Euclides Cordero”, dicta la orden firma por el Presidente Luis Abinader en marzo de 2025.
La dilación por parte del CEA, está siendo aprovechada por el señor Jangle Vásquez Rodríguez, representante de las compañías DOCAR S.R.L. y del Grupo Nativa-Credigas, quien se ha valido de hombres armados para ocupar dichos terrenos ilegalmente, y a pesar de las ganancias de causa que han dado las distintas instancias y el propio Poder Ejecutivo a favor del señor Rivera Cordero, este ha acelerado la ocupación ilegal del terreno y ha realizado distintas maniobras fuera de la ley para lograr posesión el mismo.
El señor Jangle Vásquez Rodríguez ha incurrido en esta práctica a pesar de que desde el año 2019 ha sido notificado mediante acto de alguacil de los registros de dichos terrenos a favor del señor Rivera Cordero ante el CEA y junto a la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Inmobiliaria Original del Distrito Nacional, el Registro de Título del Distrito Nacional, la Dirección Regional de Mensura Catastrales, la Compañía DOCAR S.R.L.
Los representantes del poseedor legítimo de dichos terrenos hicieron un llamado al director del CEA, Rafael Burgos, para que resuelva lo antes posible dicha situación, tal y como lo ordena el decreto emitido por el Poder Ejecutivo 3625 en favor del señor Rivera Cordero, y que este no termine siendo un caso más de violación a la seguridad jurídica del país, y en una tragedia entre particulares por la dilación o negligencia del Estado.
