El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error durante la istración del presidente Donald Trump, se declaró no culpable este viernes ante una corte federal en Nashville, Tennessee, donde enfrenta cargos por presunto tráfico de personas. 6p1b5i
Durante la audiencia en el Tribunal de Distrito del centro de Tennessee, Ábrego negó los dos cargos que enfrenta: conspiración para transportar migrantes indocumentados y transporte ilegal de indocumentados. Los cargos fueron anunciados la semana pasada por la fiscal general Pam Bondi.
Su defensa insiste en que no cometió los delitos imputados y subraya que el proceso se desarrolla tras una deportación que fue considerada ilegal por tribunales estadounidenses.
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Protestas en apoyo al acusado 5oc5r
Mientras se celebraba la audiencia, cientos de manifestantes se congregaron fuera del tribunal con pancartas y consignas como “Liberen a Kilmar” y “Abolir ICE”. Los manifestantes denunciaron presuntas violaciones al debido proceso y exigieron respeto a los derechos de los inmigrantes.
Jennifer Vásquez, esposa del acusado, calificó el proceso como injusto y expresó su preocupación por el impacto familiar. “Deberíamos estar con nuestros hijos. Nuestra mente está aquí, pero nuestros corazones están en Maryland”, declaró ante medios locales.
Deportación previa fue cuestionada por la Corte Suprema 5ja1a
Ábrego fue deportado en 2023 junto a otros 230 inmigrantes a El Salvador, a pesar de contar con un estatus de protección y una orden judicial que prohibía su salida del país. Según documentos judiciales, tanto la Corte Suprema como una jueza de Maryland calificaron esa deportación como ilegal y ordenaron facilitar su retorno.
El salvadoreño fue retornado a Estados Unidos el 6 de junio de 2025. Poco después, fue acusado formalmente de transportar presuntos indocumentados en 2022, en un hecho ocurrido en Tennessee.
Defensa solicita sanciones al Gobierno de Trump 192q6o
La defensa legal de Ábrego presentó una solicitud a la Corte de Distrito de Maryland para que se apliquen sanciones al Gobierno de Donald Trump por violaciones reiteradas a órdenes judiciales. Argumentan que las acciones del Ejecutivo ignoraron fallos legales, incluyendo el dictamen de la Corte Suprema que prohibía la deportación del acusado.
Los abogados sostienen que el caso representa una violación al debido proceso y un precedente preocupante sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.
Con información de EFE.
Por: Yari Araujo
